La actualización del piso salarial de los médicos del sistema público se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre los gremios del sector y el gobierno. El reclamo busca elevar el salario base de G. 5 millones a G. 8 millones, una modificación que, aplicada de manera generalizada, tendría un costo estimado de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, calificó de “inviable” una actualización planteada bajo ese esquema y sostuvo que la alternativa que analiza el Ejecutivo pasa por establecer una carrera médica dentro del sistema público, con un escalafón que permita ordenar la evolución salarial de los profesionales.
La discusión se instala además en medio del proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y después de la huelga realizada por el sector médico la semana pasada. Según Lovera, de los cuatro puntos que motivaron la medida de fuerza, tres ya cuentan con algún nivel de respuesta por parte de las autoridades.
Los otros reclamos
Uno de los puntos corresponde al pago por días inhábiles y feriados, medida que, según el ministro, ya cuenta con “viabilidad”. Otro reclamo está relacionado con el presupuesto destinado a insumos y medicamentos, un rubro que también adquiere peso dentro de las cuentas del sistema sanitario.
Para 2026, el Ministerio de Salud dispone de unos US$ 200 millones adicionales para este concepto, mientras que el proyecto de PGN 2027 contempla US$ 762 millones.
Dentro de este incremento, Lovera mencionó particularmente los recursos destinados al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Según los datos expuestos, al inicio de la actual administración el presupuesto de la institución rondaba los US$ 60 millones y posteriormente llegó a US$ 111 millones. Para 2027, el proyecto contempla US$ 84 millones adicionales, llevando el presupuesto total a aproximadamente US$ 195 millones.
La desprecarización, otro frente pendiente
El tercer punto abordado corresponde a la denominada desprecarización de profesionales médicos. De acuerdo con el ministro, en el concurso realizado por el Ministerio de Salud el año pasado se dispusieron 490 vacancias y se presentaron 2.980 profesionales.
Del proceso resultaron 2.390 profesionales elegibles, quienes, según lo planteado por el Ejecutivo, serían incorporados con vínculos permanentes. Se trata de médicos con al menos cuatro años de antigüedad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el llamado de 2025.
El desafío, sin embargo, continúa concentrándose en el principal reclamo económico: la actualización del salario base, un aumento que no se discute solo en términos salariales.
El piso de G. 5 millones vigente para los médicos es cuestionado por los gremios debido a que, según su planteamiento, permanece sin actualización desde 2012. Llevarlo a G. 8 millones implicaría un incremento del 60% sobre ese salario base y, de aplicarse de manera generalizada, supondría una presión significativa sobre las cuentas públicas.
Lovera recordó que en el año 2012 se dispuso un aumento promedio del 30% para los salarios de la función pública. Según señaló, aquella decisión representó un costo de aproximadamente US$ 800 millones y coincidió con el retorno al déficit fiscal después de un periodo de superávit entre 2005 y 2011.
En este contexto, el Ministerio de Economía plantea que una eventual mejora salarial para los médicos debería estar vinculada a un esquema de carrera y escalafón, en lugar de limitarse a un incremento general del piso salarial.
El debate, en definitiva, no pasa únicamente por cuánto aumentar el salario base. También involucra cómo financiarlo, a quiénes alcanzaría, bajo qué condiciones y qué estructura de carrera tendría el sistema público para sostener esos incrementos en el tiempo. Con un costo estimado de hasta US$ 150 millones para una actualización generalizada, el reclamo médico se instala como uno de los desafíos presupuestarios que deberán discutirse de cara al PGN 2027.
